Historia

El Descubrimiento que se hizo Historia


Los caminos de la historia

Si bien la historia puede ser objeto de diversas interpretaciones, los hechos que la generan deben obedecer a la comprobación, si no exacta, sí lo más apegada a la realidad que los generó. Por ello, más allá de la información aportada por la historiografía recogida en libros, crónicas o artículos que hoy llenan bibliotecas y hemerotecas, se encuentran los archivos: repositorios donde se hallan, sin más interpretación que la de su contenido, los testimonios de hombres e instituciones de orden público o privado que dejaron huella de su paso.

En este contexto de ideas, el hallazgo del Archivo Histórico del Poder Judicial del Estado de Hidalgo (AHPJEH) fue sin duda un parteaguas en el estudio del pasado hidalguense, hasta entonces basado en la historiografía derivada de los trabajos de los sacerdotes Canuto Anaya y Vicente de Paula Andrade o bien en las obras del profesor Teodomiro Manzano y del licenciado Isaac Piña Pérez, entre los más importantes.

Desde el momento mismo en que dio inicio su clasificación, el AHPJEH empezó a dar muestras del enorme valor que representa para la historia regional de esta entidad, de modo que el pretérito hidalguense ha tenido que ser reescrito en los capítulos ya conocidos y escrito en los muchos que se desconocían, derivados de los cientos de documentos, expedientes y papeles sueltos que le integran. Su riqueza es a todas luces invaluable.

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Merced es recordar aquí los nombres de dos personas ligadas a su descubrimiento: el Lic. Rubén Licona Rivemar, quien como presidente del Tribunal Superior de Justicia impulso su rescate, mantenimiento y luego la clasificación; y el Lic. Jorge Rojo Lugo, quien con visión de lo que representaría este repositorio, apoyó su rescate y tuvo fe en aquel grupo de historiadores que arroparon el descubrimiento y salvamento documental.

Crónica del rescate

El miércoles 6 de abril de 1977, amita de la semana mayor de aquel año. Hacía planes con José Vergara para realizar una excursión de fotografía a Real del Monte, lugar donde ambos trabajamos el archivo parroquial. La improvisada reunión en mi pequeña biblioteca de las calles de Ocampo y Morelos se vio interrumpida por una llamada telefónica del Lic. Rafael Herrera Cabañas, Secretario General del H. Tribunal Superior de Justicia, quien me solicitó –a nombre del Lic. Rubén Licona Rivemar, presidente de dicha institución– me presentara de inmediato en el patio de la Casa Rule, lugar donde tenía sede el supremo órgano de justicia del estado. No hubo otra explicación en ese momento. Pedí a José Vergara me acompañara, suponiendo que no se trataba de ningún asunto oficial por estar de vacaciones el personal del Poder Judicial.

Al llegar al lugar encontramos en el patio de la vieja mansión Rule un viejo camión de redilas cargado con un buen número de cajas y atados de papeles viejos; el vehículo pertenecía, luego supimos, a la Cartonera Hidalguense propiedad del Sr. Luis Newman. Allí nos recibió el Lic. Herrera Cabañas acompañado del Lic. José Arias Esteve, quienes nos pidieron examinar unos legajos que habían bajado de la plataforma del camión. José Vergara, más avezado en los terrenos de la paleografía (ciencia que permite leer escritos antiguos), vio de inmediato el tesoro que teníamos en las manos: un expediente del siglo XVI, correspondiente a los Protocolos del año de 1557. Un documento llamó de inmediato mi curiosidad por estar signado con los rasgos de una firma para mí del todo conocida: la de Bartolomé de Medina, el descubridor en Pachuca del Sistema de Patio para beneficiar la plata, que revolucionó la minería del siglo de la Conquista y de por lo menos los dos siguientes, personaje que por entonces investigaba yo en diversas fuentes.

Nuestra emoción fue indescriptible, compaginamos de inmediato firmas de Medina con un documento reproducido en la obra de Modesto Bargalló intitulada La minería y metalurgia y comprobamos que se trataba de la misma. No con mucha facilidad, José Vergara paleografió parte del aquel documento realizado con un tipo de letra conocida como procesal encadenada, típica de los tribunales del siglo XVI y que se caracterizaba tanto por la manera de arrastrar los rasgos de cada letra y palabra, como por el uso de apócopes y simplificaciones en diversas palabras técnicas de uso común en los procedimientos judiciales. Se trataba de una carta obligación que formulaba el inventor del sistema de patio. Recuerdo todavía como íbamos encontrando la traducción de aquel manuscrito: “Sepan cuántos esta vieren como yo Bartolomé de Medina, vecino de la ciudad de Sevilla, estante en las minas de Pachuca desta Nueva España, otorgo e conozco por esta carta que me obligo por mi persona e bienes muebles, raíces habidos e por haber de dar e pagar e pagaré a vos Cristóbal de San Martín, Caballero de la Cruz de Santiago…” y luego la fecha con la que quedamos pasmados “en las minas de Pachuca a dos días del mes de Mayo del año de mil e quinientos e cincuenta y seis años. Ante los yusoespriptos Bartolomé Gutiérrez, Gaspar Sánchez de Castañeda. Escribano Martín Vázquez”. Eran éstos los primeros personajes que conoceríamos a través de aquel mar de papeles, pero entre otras cosas, podía ya probarse que Bartolomé de Medina sí había vivido en Pachuca y más adelante corroboraríamos no sólo eso, sino que su muerte había acaecido en este viejo Real en el que también trabajó en los últimos años de su vida, por lo que se le adoptó como pachuqueño.

Subimos en seguida a la plataforma del camión y empezamos a hurgar en aquel tesoro documental. En él fueron apareciendo legajos de los siglos XVI, XVII, XVIII y XIX. Allí estaba gran cantidad del Archivo de la Alcaldía Mayor de Pachuca y de otras cercanas a la ciudad, concentrados seguramente a raíz de haberse creado el distrito judicial de la cabecera del estado.

Ya con esta información nos entrevistamos con el presidente del Tribunal, quien con gran disposición prometió, en primer término, bajar todo la documentación del camión de la cartonera y enseguida nos solicitó un informe de lo allí encontrado. Por esa primera plática nos enteramos que el anterior presidente del Tribunal había realizado la operación de venta como papel viejo de todo archivo muerto de la institución a cambio de unos cuantos pesos; pero como para el traslado de aquella carga era necesario juntar en cajas todo el material acumulado en las buhardillas del edificio Rule, comprador y vendedor se pusieron una fecha límite para su entrega el de 30 días, sin saber el entonces funcionario que sería removido de su cargo antes de que concluyera ese lapso. El Lic. Licona llamó de inmediato a la cartonera para deshacer la operación y unas horas después, ya por la tarde, estábamos instalados en uno de los cuartos de la mansarda de la casa Rule para iniciar una preclasificación de ese valioso conjunto documental.

Aquellas vacaciones de semana santa fueron una verdadera y deliciosa incursión por la historia de Pachuca y algunas otras poblaciones del estado. Nos sentíamos cual gambusinos en un paraíso de información desconocida y cada vez más reveladora del pasado de esta comarca minera; los nombres de multitud de personajes y lugares  de otras épocas se sucedían con vertiginosidad inusitada, se esclarecían acontecimientos que la historiografía apenas trataba y a cada momento surgía información sobre capítulos prácticamente desconocidos.

Durante los siguientes días se hizo necesario conocer más sobre la organización judicial de aquellas etapas, lo que nos obligó a estudiar el derecho indiano; por otra parte, poco a poco nos fuimos relacionando con aquella extraña escritura y su particular sintaxis y ortografía, a grado tal que a veces cometíamos errores garrafales al teclear nuestros trabajos de investigación dado que adoptábamos las formas ortográficas y prosódicas de aquellos siglos idos. A partir de ese entonces, se generaron gran parte de los trabajos que daríamos a conocer en libros y artículos periodísticos o revistas especializadas.

Se rescató para Pachuca la figura de Bartolomé de Medina, de Alfonso de Villaseca y de Constantino Bravo de Lagunas; se reafirmaron conocimientos sobre hechos tales como el descubrimiento de las minas de la región, la huelga de 1766, la actuación de los grupos insurgentes en estos territorios entre 1810 y 1821, así como la labor de los frailes franciscanos, agustinos y juaninos, entre muchos otros hechos y personajes.

En principio la documentación fue preclasificada bajo un simple orden cronológico, pero la tarea se retardaba en la medida que encontrábamos documentos de extraordinaria importancia histórica y también en razón del estado en que se encontraban muchos legajos (unos inconsultables por haberse compactado humedad, papel y polvo, otros en razón de la mutilación de que habían sido objeto y finalmente por la aparición de multitud de hojas sueltas). Sin embargo la tarea era harto placentera, laborábamos hasta altas horas de la noche, cuando Don Hilario, el conserje de la casa Rule, bajaba el switch de la energía eléctrica en señal de que se retiraba a descansar; pero al día siguiente regresábamos con nuevos ímpetus para seguir hurgando. Poco a poco fueron surgiendo los ramos que conformarían en definitiva el repositorio: bandos, protocolos, asuntos civiles, criminales, minería y –desde luego- uno muy amplio que denominamos misceláneo. A la vez, se clasificaron los asuntos de las Alcaldías de Pachuca y Zempoala y también por el siglo en que habían sido generados; primero los virreinales de las centurias XVI, XVII y XVIII y luego los de los primeros años del siglo XIX y los inmediatos a la creación del Estado, que tenían una fuente distinta de origen en virtud del cambio en la organización judicial.

La acción clasificadora se interrumpía a menudo cuando encontrábamos un documento importante que leíamos y registrábamos en nuestras tarjetas particulares según la inclinación investigativa de cada uno. En menos de seis meses estaba prácticamente lista la primera provisional clasificación, sin embargo encontramos que en tres o cuatro cuartos de la mansarda había más documentación de igual o mayor importancia.

Pronto gracias al apoyo del Lic. Rubén Licona y del gobernador Rojo Lugo, el Archivo Histórico fue reconocido como dependencia específica del Tribunal Superior de Justicia; José Arias Esteve fue su primer director y con él llegaron pronto nuevos elementos para emprender la clasificación y catalogación, entre ellos: el profesor Raúl Guerrero Guerrero, toda una institución en el Estado de Hidalgo, y arribó también el entonces estudiante de derecho Raúl Arroyo González.